Por ejecutar obra pública sin la debida validación por parte de la Secretaría del Bienestar, 38 alcaldes de la entidad podrían enfrentar cargos penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, informó el titular de la Contraloría, Román Mora Velázquez.
Al comparecer ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso Local, el funcionario explicó que para poder ejercer el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Muncicipal (FAISM) es necesario que cuenten con el aval de la Secretaría del Bienestar; sin embargo, no lo han hecho de esa forma en un total de más de 290 obras que representan un probable daño a la Hacienda Pública de 150 millones de pesos.
Román Mora detalló que algunos de los municipios son: Chapulhuacán, Huautla, Huichapan, La Misión, Tlanchinol, Xochiatipan, Huejutla de Reyes, Tepeapulco y Zimapán.
El funcionario encargado de vigilar el control interno de los organismos sostuvo que además las obras son de mala calidad y no se han recibido las fianzas correspondientes, por lo que podría haber consecuencias legales.
En ese sentido, indicó que la Contraloría prepara por lo menos 60 denuncias penales en las que podrían figurar los actuales alcaldes; adelantó que en breve serán presentadas.
Por otro lado, comentó que si bien no es una situación que le competa al área a su cargo, lamentó que mientras la entidad no tuvo observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la pasada legislatura tiene que aclarar más de siete millones de pesos.
Lo anterior, porque ejercieron recursos y no presentaron documentación comprobatoria, entre los ex diputados señalados por la Auditoría Superior de la Federación están Ricardo Baptista González, actual regidor por Tula; la ex diputada Tatiana Ángeles Moreno, hoy presidenta municipal de Actopan; la ex coordinadora del Partido Encuentro Social, Jajaira Aceves Calva; Noemí Zitle Rivas; y la ex diputada Areli Miranda.
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