La seguridad de Rubén Rocha Moya ha generado cuestionamientos en el ámbito político. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró recientemente por qué el gobierno federal decidió asignarle un dispositivo de protección, pese a que no existen amenazas directas en su contra.
La explicación pone sobre la mesa cómo operan los protocolos de seguridad en México y qué factores influyen en decisiones de este tipo.
Evaluaciones de riesgo detrás de la protección
Durante una conferencia, García Harfuch confirmó que Rubén Rocha Moya cuenta con escolta como parte de un análisis preventivo. Detalló que estas medidas no dependen necesariamente de una solicitud del funcionario, sino de evaluaciones constantes realizadas por autoridades federales.
El exgobernador de Sinaloa no pidió protección. Sin embargo, su reciente salida del cargo y el contexto del estado influyeron en la decisión. Las autoridades consideran que se trata de una medida prudente ante escenarios potenciales de riesgo.
El funcionario fue claro: no hay indicios, amenazas o información que sugiera un posible ataque contra Rocha Moya. Aun así, el protocolo indica actuar de manera anticipada.
Sinaloa: contexto de violencia y estrategia federal
La situación de seguridad en Sinaloa es un factor clave. García Harfuch subrayó que la entidad ha registrado hechos violentos en los últimos meses, lo que obliga a reforzar medidas preventivas para figuras públicas.
Explicó que la estrategia del gobierno se basa en tres ejes: reducir homicidios, detener generadores de violencia y fortalecer corporaciones locales. Según cifras oficiales, los homicidios dolosos han disminuido 44% desde octubre de 2024 hasta abril de 2026.
Además, se han asegurado 68 toneladas de droga, incluyendo millones de pastillas de fentanilo, y se ha detenido a cerca de 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto.
Operativos y despliegue de fuerzas en el estado
El gobierno federal mantiene una fuerte presencia en Sinaloa. Más de 13 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional están desplegados, incluidos más de 2 mil 700 efectivos de fuerzas especiales.
También se han inhabilitado más de 2 mil 100 laboratorios clandestinos, lo que ha representado pérdidas millonarias para el crimen organizado. Estas acciones forman parte de operativos como “Chipagua” y la Fuerza de Tarea “Alacrán”.
En este contexto, la protección a Rubén Rocha Moya no responde a un riesgo inmediato, sino a una estrategia preventiva. El caso refleja cómo el gobierno busca anticiparse en un entorno complejo, donde la seguridad sigue siendo una prioridad nacional.
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