Apenas regresarían del período vacacional, pero los números en los contagios y muertes por COVID-19 originaron que el Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo emitiera un acuerdo en el que suspenden los plazos y términos de las actividades en el Poder Judicial a partir del 7 de enero y hasta el 15 del mismo mes.
No hay servicio al público, ni labores presenciales, mucho menos audiencias y diligencias, salvo casos considerados como urgentes, establece el acuerdo emitido.
La urgencia está expresada en el acuerdo cuarto, en materia familiar, refiere: “medidas provisionales, precautorias, órdenes de protección, pago y ejecución de alimentos, entrega de pensiones consignadas y, por otro lado, los actos procesales (notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos, oficios, exhortos, embargos, cateos, audiencias, entrevistas y cualquier otro similar) dirigidos a la consecución de esos casos de urgencia”.
Asimismo, cualquier otro acto que a consideración de la autoridad jurisdiccional sea de atención urgente por la situación de riesgo en la que se encuentren niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etc., inmersos en una contienda judicial.
En materia penal, los casos urgentes son: audiencias y diligencias relativas al plazo constitucional con detenidos, amparos, medidas de protección, resoluciones sobre cateos, órdenes de aprehensión, y otras que de no llevarse a cabo afectarían los derechos humanos de los intervinientes.
Se establece el trabajo en casa, para la elaboración de sentencias, resoluciones, acuerdos, autos, oficios, exhortos, integración de apelaciones, etc. que hayan sido solicitados antes de la suspensión, también guardias en los Juzgados Familiares: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, sólo para ingresar demandas de pensión alimenticia o para solicitudes de los casos exclusivamente considerados de urgencia.
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