Debido a que ninguna de las barandillas de Hidalgo cumple con condiciones aceptables ni reúnen todos los requisitos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación general a los 82 ayuntamientos y dos concejos municipales.
Entre las anomalías en las áreas de retención primaria, que dependen de las instancias de Seguridad Pública municipales, se encuentra la indebida separación de hombres y mujeres.
En 64 barandillas no existe señalización adecuada de Protección Civil ni de separación por género, dijo el presidente de la CDHEH, Alejandro Habib Nicolas.
Aunque en lo general se permiten las visitas a las personas detenidas, en dichas áreas no se cuenta con un registro de asistentes.
De acuerdo con el organismo autónomo, 33 áreas de retención carecen de circuito cerrado de videovigilancia; además, en 22 no están publicados los derechos a que son sujetos los ingresados.
“(Los visitadores) manifiestan, de manera general, que las condiciones en que se encuentran la mayoría de las barandillas de los municipios van de malas a regulares, poniendo énfasis en la higiene, mantenimiento, sanitarios y capacitación a elementos”, añadió.
De acuerdo con la primera recomendación general de 2021, las administraciones deben generar planes de infraestructura, manteniendo, capacitación y manuales de operación al interior.
Además, para cumplir con los estándares de condiciones mínimas de retención de personas, la CDHEH recomendó a los ayuntamientos contar con espacios separados para hombres y mujeres, así como para infractores e imputados.
Asimismo, señalización de espacios, planchas o camas para dormir, baños con taza, lavamanos y condiciones privacidad mínima, Iluminación y ventilación suficientes, aunado al aseo permanente.
El órgano público también solicitó que todos cuenten con sistema de videovigilancia y sustento con archivos digitales o vigilancia física permanente, registro de certificación médica de las personas retenidas, así como la bitácora de entrada y salida con pormenores de los motivos de estancia y la autoridad que la puso a disposición.
Las recomendaciones también consideran que el ingreso de personas a barandilla sea inscrito de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones (RND), así como contar con un lugar y registro de pertenencias, bandos, reglamentos y protocolos, además de garantizar el derecho de comunicación del retenido para informar su situación.
Habib Nicolás aseveró que con estas medidas no se busca que los municipios realicen un “gasto excesivo”, sino que inviertan y apliquen políticas públicas para evitar responsabilidades administrativas y penales por su actual en áreas de retención primaria.
El ombudsman agregó que los hechos violatorios de derechos en barandillas
más denunciados son la detención ilegal, el uso indebido de la fuerza y las multas excesivas. Con menos frecuencia, dijo, estás las “situaciones de problemas con las pertenencias”.
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