La legisladora panista María Teodora Islas Espinoza propuso penar con uno a cuatro años de prisión al servidor público que utilice facultades, atribuciones, poder o autoridad, en beneficio propio o de cualquier otra persona, para acceder con prioridad y ventaja a cualquier tipo de atención médica, tratamiento, vacuna o insumo médico.
La sanción, según la iniciativa de adición al artículo 301 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, se duplicará “cuando la conducta se realice en periodo de emergencia sanitaria”.
También establece la destitución e inhabilitación del responsable, de cuatro a nueve años, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
El 2 de de febrero pasado, Mario Alberto Tenorio Pastrana fue removido de la dirección del Hospital General de Pachuca por haber autorizado la aplicaron de la vacuna anticovid a la secretaria general de la Sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Sonia Ocampo Chapa, pese a que aún no le correspondía.
“Consideramos que es necesario reformar el Código Penal para el Estado de Hidalgo, con la finalidad de que se castigue a los funcionarios públicos o servidores públicos que, en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública, para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos, en situaciones de emergencia sanitaria o cualquier otra situación de urgencia (como la del COVID-19)”, añadió la panista.
