Durante su primera sesión extraordinaria, la Comisión permanente de Derechos Humanos y Atención de las personas con discapacidad del Ayuntamiento de Tula, se discutió con funcionarios de dependencias federales entre ellas de la Fiscalía General de la República en Hidalgo y la Guardia Nacional, sobre “Los Derechos Humanos y la Impartición de Justicia en México” y se acordó la apertura de una oficina de atención.
El presidente de la comisión, Miguel Ángeles Arroyo explicó que buscan enriquecer el proyecto de construcción del Reglamento de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos en este Municipio y quisieron conocer la opinión de expertos.
“México se destaca entre los países que más ha firmado acuerdos correspondientes a la protección de derechos humanos; sin embargo, a nivel municipal no existe una adecuada protección de ellos, por lo que es fundamental trabajar por su justa defensa, diseñar en conjunto con el sector público, la sociedad civil y especialistas en el tema, acciones encaminadas para crear reglamentos, costumbres y prácticas que fortalezcan los marcos para una buena gobernanza” refirió.
El Mtro. Gerardo Vázquez Alatriste, Delegado de la Fiscalía General de la República, señaló que hay un mundo de trabajo por hacer sobre derechos humanos, responder a necesidades y retos que impone la vida diaria.
“Se trata de que más mexicanos nos involucremos con responsabilidad y sepamos discernir lo que queremos y lo que no queremos. Se trata que estés en donde estés hagas lo que te toca hacer, a nosotros nos corresponde la persecución del delito de orden federal para obviar el tema de los derechos humanos”.
Y agregó, que la impartición de justicia en los derechos humanos se vuelve fundamental. Y no es el debate establecer si los derechos humanos son suficientes o no, son muchos o pocos; si los servidores públicos estamos de acuerdo con ellos o no.
“El debate se tiene que continuar de acuerdo a las leyes que existen”, recalcó.
Mientras que el Mtro. Jorge Alberto Jiménez Gutiérrez, también de la FGR señaló que desde el tema penal estamos obligados a reconocer a los derechos humanos, ya que hacen el contrapeso para evitar caer en un estado autoritario.
“Aquí se tiene un gran problema de contaminación del Río Tula y un ciudadano podría acudir a un tribunal y a través de un juicio de tutela solicitar la protección de sus derechos humanos, ante un Juez de Distrito, para garantizar su derecho a un medio ambiente sano. Y obligar a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno a tutelar ese derecho”.
Por su parte, el Coordinador de gabinete en el municipio, Jorge Silva Morales refirió que “el municipio de Tula, está abierto a las recomendaciones de las autoridades federales y recibir aquellos comentarios evaluatorios, que en su momento pudieran detectar como una oportunidad en el municipio.
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