Ya hay una estrategia tras la aprobación en la Cámara de diputados de la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos que permite la suspensión y negativa de permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles, se mantiene la incertidumbre entre empresarios, particularmente en el sector gasolinero.
“Las implicaciones de una ley que pretende combatir la ilegalidad no son para nada claras y de ahí los temores de su promulgación como un instrumento confiscatorio de empresas por parte del Estado”, dijo Roberto Díaz de León, presidente de la Onexpo Nacional.
El organismo que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades considera que el gobierno debería actuar con las facultades que le dan ya las leyes antes de buscar otras que permiten prácticamente intervenir empresas legalmente establecidas.
En Onexpo Nacional nos pronunciamos siempre a favor de la concurrencia entre el Estado y el mercado, estamos convencidos de que ni uno ni otro pueden solos, se necesita la producción activa de todos los implicados incluyendo a la sociedad, aseguró en entrevista.
¿Cuál será la estrategia legal para hacer frente a la Ley de Hidrocarburos?
Según su perspectiva, para combatir el grave problema del huachicol fiscal se requiere la aplicación efectiva del gobierno de las sanciones establecidas.
Para Roberto Díaz de León, la nueva ley inhibe abiertamente la competencia y atenta directamente contra la certeza jurídica.
Además contiene algunos aspectos que pudieran generar sobrerregulación sin que se contemplan aspectos jurídicos.
Entre otras afectaciones para los inversionistas, se establece la negativa ficta y con esto la autoridad pudiera negarlos sin explicar las razones.
Además distorsiona la figura legal de un permiso y lo convierte en un instrumento de política pública que pudiera ejercer control.
La nueva ley de hidrocarburos enfrentará amparos que se centran en tres argumentos para su estrategia:
- La retroactividad de derechos adquiridos de los quejosos.
- Las violaciones a la libre competencia.
- La expropiación de facto que provocará la suspensión de permisos.
Con información El Economista.
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