Los líderes de los partidos Morena, PVEM, PT y Panalh, que conforman la alianza Juntos Haremos Historia, acusaron a la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo del uso faccioso y por consigna política de sus funciones para inhabilitar a sus candidatos a las diputaciones locales por omisión en la entrega de su declaración patrimonial.
Juan José Luna Mejía, dirigente de Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), afirmó que el contralor César Román Mora Velázquez utiliza las sanciones contra sus aspirantescomo una “táctica electoral”.
Aseveró que la dependencia estatal no ha cumplido con su función de prevenir, orientar ni requerir a quienes han sido omisos en presentar su declaración patrimonial, pues debió emplazarlos al cumplimiento de su obligación en un periodo de 30 días, lo cual no efectuó, dijo. Insistió en que no se realizó el debido proceso de investigación, substanciación y resolución.
El panalista añadió que esta acción es calificada como una falta administrativa no grave, por lo que la sanción “por tal descuido” debe ser acorde a su gravedad (amonestación) y no acudir a la pena más alta en la primera instancia (inhabilitación de 3 meses a un año), como ocurrió con sus abanderados.
“¿Cuál es la intención de imponer la pena más alta ante una falta no grave y en la primera ocasión en que ocurra a personas que están inmiscuidas en un proceso electoral, o que no son afines a su partido político (el PRI)?”, cuestionó.
Afirmó que procederán jurídicamente contra las acciones de la Contraloría estatal y algunas locales “hasta donde se pueda”.
Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se encuentran inhabilitados el candidato de la coalición por el distrito de Huichapan, Pedro Porras Pérez, y el aspirante plurinominal suplente Ricardo Crespo Arroyo. No obstante, Honorato Rodríguez Murillo aseveró que las inhabilitaciones no se han “cristalizado” con una notificación oficial ni se efectuaron bajo un proceso debidamente establecido.
Por ello, el representante del Verde consideró que es una argucia para confundir al electorado y generar una percepción en la ciudadanía de que “tal o cual candidato ya no van a participar” en la contienda del 6 de julio.
Por su parte, el presidente estatal del Partido del Trabajo (PT), Javier Vázquez Calixto, afirmó que “supuestamente” Vicente Charrez Pedraza, aspirante de la alianza por el distrito de Ixmiquilpan, está inhabilitado, pero señaló que tampoco ha sido notificado ni vencido en juicio. Incluso, dijo, para registrarlo como aspirante la Contraloría estatal le expuso una constancia de no inhabilitación.
El presidente del Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Caballero Zerón, agregó que en dependencias como la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) existe un listado de trabajadores a sancionar, lo que genera “alerta y preocupación”.
Recordó que los empleados estatales y municipales que hasta antes del 19 de julio de 2017, fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no estaban obligados a presentar su declaración, lo deben hacer partir de este año, no desde 2020.
“Si esto se quiere a utilizar para persecución política, para presionar a quienes tienen cierta afinidad partidista al seno de las dependencias, es demasiado grave”, agregó.
Caballero Zerón ofreció las estructuras jurídicas de Morena y de los demás integrantes de Juntos Haremos Historia a los trabajadores de Salud, Educación y otras dependencias que estén bajo esa circunstancia de “amenaza”.
El líder panalista añadió que la Contraloría estatal ha hecho caso omiso de ese acuerdo, emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 diciembre 2019.
En tanto, en la tribuna del Congreso local el diputado morenista Jorge Mayorga Olvera emitió un posicionamiento con argumentos similares, en el acusó el uso de “mecanismos legaloides” de la Secretaría de la Contraloría para inhabilitar a aspirantes a diputados locales. Su postura fue replicada por la priista María Luisa Pérez Perusquía.
