El Cabildo de Pachuca aprobó concesionar el tratamiento y disposición de los residuos sólidos del municipio por al menos 20 años a la empresa que resulte ganadora de la licitación, la cual deberá contar con un proyecto viable que cubra todas las necesidades en materia de residuos sólidos.
En la sesión de la Asamblea Municipal de este jueves, con 19 votos a favor, dos votos en contra y una abstención, se aprobó la propuesta del presidente municipal de Pachuca, Sergio Baños Rubio, la cual había sido rechazada el pasado 25 de marzo por considerar que el contrato no beneficiaría a la alcaldía y pondría en riesgo a la Hacienda Pública del municipio de las próximas cuatro administraciones.
Sin embargo, los regidores pachuqueños avalaron que la empresa, que no se ha definido, sea contratada por un plazo de dos décadas, a pesar de que su operación no será solo para el municipio, sino metropolitana.
La síndica hacendaria Erika Trujillo Ortiz, justificó que el municipio no cuenta con los suficientes recursos para llevar a cabo los trabajos de recolección de basura, por lo que requiere contratar a una empresa para resolver la problemática.
Asimismo, aclaró la aprobación del Cabildo no implica que se otorgue la licitación a la empresa Tersa del Golfo S. de R.L. de C.V., propuesta por el alcalde Sergio Baños que tenía una propuesta en donde se establecía que el municipio debería erogar al menos 693 millones de pesos durante los 20 años del contrato.
La regidora independiente Guadalupe Orona Urias quien junto con su compañera Netzery López Soria, señaló que no es necesario un contrato por ese plazo y se pronunció por un proyecto de generación de energía a través de la basura. Al tiempo que aclaró que solo se ha aprobado que se realice la licitación, más no se ha permitido la contratación del servicio.
Cabe destacar que la propuesta inicial del edil Sergio Baños otorgaba el contrato de manera directa a la empresa Tersa del Golfo S. de R.L. de C.V., con una cláusula en la que se establecía que, en caso de rescindir el contrato, el municipio debería pagar una compensación del 30 por ciento de la ganancia que dejara de percibir dicha empresa, a la cual exoneraba de cualquier sanción en caso de no prestar el servicio al momento de registrase un retraso en el pago.
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