Leobardo H.R., poblador de Xuchitlán, San Salvador, tiene un diagnóstico reservado y su vida aún corre peligro luego de haber recibido el golpe de un bomba de gas lacrimógeno al participar en una manifestación frente al Palacio de Gobierno, informó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás.
Tras presentar la recomendación emitida contra Uriel de Jesús Moreno Castro, comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo (ASEH), el ombudsman dijo que la víctima tiene “alto riesgo” de mortalidad y discapacidad neurológica, así como complicaciones post operatorias.
Según los reportes del Hospital General de Pachuca (HGP) entregados a la CDHEH, el poblador indígena sufrió traumatismo craneoencefálico severo, fractura contusocontundente penetrante a cráneo, así como fracturas multifragmentaria hemoidal, estenoidal y frontal; sangrado de tallo cerebral; hemorragia; edema cerebral, y traumatismos facial, de huesos de la nariz y orbitaria bilateral.
Aunque un grupo de neurocirujanos hizo a Leonardo una intervención de control de daños, este tuvo una lesión en el área frontal con exposición de masa encefálica “de varia horas”, además de alto sangrado, por lo que el pronóstico es “malo para la función neurológica”.
De acuerdo con la recomendación R-VG-0002-21, se acreditó violación al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública en la protesta que derivó en enfrentamiento entre manifestantes y policías estatales.
Por ello, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) deberá iniciar un procedimiento de investigación contra el inspector J. M. B. C. y el agente A. B. R.
Además, garantizar el pago de la reparación integral del daño a Leobardo y capacitar a los elementos policiacos en del uso de la fuerza adecuado con armas no letales, como sustancia tóxica y gases lacrimógenos), autodefensa, sometimiento, aseguramiento, persuasión y control de multitudes.
Asimismo, la CDHEH instó a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) a continuación con la integración de las carpetas de investigación respectivas y, de ser judicializadas, acompañar a la víctimas directas e indirectas del hecho.
