FGR descartó que el proceso que se le sigue al exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sea una persecución política.
Esto luego de que se le vinculó a proceso este 9 de julio por presunto enriquecimiento ilícito en el sexenio de EPN.
A través de un comunicado, la FGR señaló que al hoy diputado federal electo del PRI lo denunció la Secretaría de la Función Pública el 12 de octubre de 2020.
La denuncia fue integrada por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC).
Además, señaló que tanto Guajardo como su defensa tuvieron acceso a la indagatoria desde el 8 de marzo pasado, pero a la fecha no han presentado pruebas.
“A solicitud realizada por parte de la FEMCC, de esta FGR, y en virtud de que durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”.
Idelfonso Guajardo comenta que es persecución política.
En una entrevista explicó que sí recibió depósitos, pero como parte de préstamos y deudas que le liquidaron, así como de la compra-venta de autos y un cuadro. Aseguró que todo lo reportó.
Ildefonso Guajardo reveló que la FGR pidió al juez que impidiera que tomara posesión como diputado federal, lo que es ilegal, porque son poderes diferentes.
Cabe recordar que con este caso, la FGR “aprieta” al que fuera el círculo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto.
Este proceso se sumó a los de sus excompañeros de gabinete:
Rosario Robles (Sedesol y Sedatu), Emilio Lozoya (Pemex), el general Eduardo León (jefe de escoltas), Luis Videgaray (SHCP), y Tomás Zerón (PGR), investigados y sometidos a proceso judicial por presuntos actos de corrupción y ejercicio indebido del servicio público.
