Para poder operar en Hidalgo, la empresa transnacional dedicada al traslado de personas Uber ha interpuesto por lo menos dos amparos ante jueces de distrito, informó José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT).
En entrevista al concluir la instalación de la Comisión Legislativa de Transporte, comentó que si el juez de distrito lo ordena, el Estado tendrá que permitir la operación de esas empresas, y subrayó que siendo realistas existe una “posibilidad” que en un futuro “no se sabe cuándo” así sea, de ahí la idea de preparar y meter a los taxistas en una dinámica de actualización con la utilización de aplicaciones y botón de pánico.
Guevara Muñoz recordó que Uber ya ganó las resoluciones judiciales en otras entidades federativas, tales como Quintana Roo, Estado de México y Puebla, “y ya puede operar”.
En ese sentido, comentó que se mantendrá la estrategia legal para defender la ley que no permite la operación de transporte público, salvo con una concesión, “pero deben estar conscientes y saber que hay alguien que está combatiendo”.
Al tiempo, señaló que si el programa de Taxi Contigo no funciona no habrá forma de justificar ante la población que no entren otras empresas. “¿Cómo le vamos a decir a la gente que no vamos a dejar entrar a las empresas transnacionales? Lo que no hay duda que la gente quiere que se incorpore la tecnología y sabemos que Uber ha acabado hasta con el 60 o 70 por ciento de taxis.
El titular de la SEMOT recordó que Hidalgo, prácticamente, es el único estado donde la normatividad protege a los taxistas y por el momento el litigio se mantiene en la discusión de si el servicio que ofrece Uber es público o privado.
“La ley dice que la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, se tiene que hacer a través de concesiones. Parte del debate es si el servicio que presta Uber es público o privado, para nosotros quien cobra una tarifa por trasladar una persona de un lado a otro está llevando a cabo un servicio de transporte público”, sentenció.
Finalmente, advirtió que como autoridad y en caso de que un juez de distrito le dé la razón a la empresa no podrán evitar su operación, porque incurrirían en desacato e incluso en un delito.
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