El diputado Rodrigo Castillo Martínez, miembro del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de ley para que se castigue con prisión a los servidores públicos que omitan emitir una prealerta o alerta de la existencia de un riesgo, desastre inminente o estado de emergencia.
La iniciativa plantea que los funcionarios que incurran en esta omisión sean sancionados con 5 a 10 años de prisión y multa de mil a dos mil unidades de medida y actualización (UMAs), lo que equivale a una sanción económica de 89 mil 620 pesos hasta los 179 mil 240 pesos.
Así mismo, de aprobarse la iniciativa, el o los funcionarios negligentes serían inhabilitados para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión hasta por 12 años, cuya pena se incrementará hasta en dos tercios si derivado de esta omisión resultaran personas con lesiones graves o que perdieran la vida.
Esta iniciativa de ley se da tras las inundaciones registradas el pasado 6 y 7 de septiembre en el municipio de Tula de Allende, a causa del desbordamiento del Río Tula debido a un mal manejo en el desagüe de las aguas negras del Valle de México provenientes del Túnel Emisor Oriente y el Emisor Central, así como el desfogue de la presa Requena, contraviniendo los protocolos oficiales.
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Foto vía Congreso de Hidalgo
