La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Adelfa Zúñiga Fuentes, presentó ante el congreso un acuerdo económico que exhorta a diversas autoridades municipales, estatales y federales, a restablecer las mesas de trabajo conducentes a la solución de la problemática del sistema de agua potable en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
El exhorto fue dirigido específicamente a la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), a la Comisión de Agua, Alcantarillado y Sistemas Intermunicipales (CAASIM), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al Ayuntamiento y presidente Municipal de San Agustín Tlaxiaca, así como a su Organismo Operador del Agua.
A su vez, recordó que en 2017 CAASIM adquirió un predio ubicado en la comunidad de Benito Juárez, municipio de San Agustín Tlaxiaca, y comenzó la perforación de un pozo de agua potable conocido como “La Trinidad”; ello sin contar con los permisos correspondientes, lo que acarreó la imposición de multas al organismo operador e inconformidad por los pobladores.
Para el 2019, se gestionó y obtuvo del Fondo Metropolitano 2019 la aprobación de un presupuesto por 46 millones 352 mil 44.94 pesos para la construcción del proyecto denominado “Construcción del Sistema de Agua Potable en San Agustín Tlaxiaca para Abastecer la Zona Metropolitana de Pachuca”, con el que se pretende beneficiar a 15 comunidades del norte del municipio de San Agustín Tlaxiaca, alimentar a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura y suministrar agua a diversas comunidades y colonias de la ciudad de Pachuca.
Además, explicó que también hay inconformidad porque se pretende destinar el agua del pozo a satisfacer las necesidades de poblaciones de Pachuca, mientras que a las comunidades de San Agustín Tlaxiaca se les proporcionan cantidades insuficientes, tandeada con abastecimiento en periodos mensuales.
Por ello, y ante muchas inconformidades más, solicitó que a fin de suscitar un mejor entendimiento entre autoridades gubernamentales y la población inconforme, se promueva una amigable composición entre las partes involucradas en el presente asunto y así evitar la judicialización de problemas sociales, por lo que somete a consideración el acuerdo económico referido.