La Fiscalía General de la República (FGR) buscará, por quinta ocasión, imputar al ex-candidato presidencial Ricardo Anaya por supuestamente haber sido sobornado para votar a favor de la dichosa reforma eléctrica durante el mandato de EPN.
Desde agosto de 2021 la FGR ha intentado sin éxito imputar a Anaya, ya que el panista se ha encontrado fuera del país o, por causas de fuerza mayor sus comparecencias han tenido que ser reagendadas.
Y es que el día de hoy Anaya fue citado por un juez de control para comparecer en las instalaciones del Reclusorio Norte, donde la FGR tratará de imputarle asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta ya sería la quinta ocasión en la que la FGR intenta proceder de manera legal contra Anaya, puesto que en su primer intento, el 5 de julio de 2020, el político se encontraba en Texas, Estados Unidos, y no hay registro de su regreso.
A esto se le suma que la defensa no ha tenido acceso a toda la carpeta de investigación, por lo que las diligencias han sido reagendadas en tres ocasiones.
La primera audiencia, con fecha del 4 de octubre de 2021 pero que eventualmente fue diferida, un juez requirió que Anaya no saliera de México para la realización de la diligencia programada para noviembre.
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El juez en cuestión es Marco Antonio Fuerte Tapia, quien solicitó a Anaya de forma presencial en el Centro de Justicia para las diligencias, sesión que se realizaría el 31 de enero de 2022. Sin embargo, la cuarta diligencia fue pospuesta ya que el juez dio positivo a COVID-19.
Así pues, la defensa de Anaya ha solicitado que las comparecencias se realicen por videollamada, pero no han tenido respuesta del juzgador.
De acuerdo con el ex-director de Pemex, Emilio Lozoya, el representante del PAN forma parte del bloque de legisladores panistas que supuestamente recibieron sobornos por parte de la administración pasada para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.
En total, Ricardo Anaya habría recibido 6 millones 800 mil pesos como soborno por parte de Lozoya Austin, a través de su exjefe de escoltas Norberto Gallardo, en 2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Dichas acusaciones han sido negadas en su totalidad por Anaya, acusando a la administración federal en curso de tener un complot en su contra.
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