Al igual que ocurrió con la administración de Raúl Camacho en Mineral de la Reforma, ahora la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) realiza observaciones similares al ayuntamiento de Pachuca, derivadas de la revisión a la Cuenta Pública 2020, por un total de 34 millones 668 mil pesos.
La observación principal, que asciende a los 22 millones 399 mil pesos, se origina por la ampliación de contrato del servicio de luminarias que terminaría en agosto de 2020, pero concluirá en agosto de 2022, dejando en estado de indefensión a los pachuqueños, señala el organismo fiscalizador.
Además, falta documentación justificativa de las erogaciones realizadas y no hay argumentos que “demuestren, acrediten, soporten y avalen que los gastos referentes a cambio de luminarias fueron a favor y en garantía de la ciudadanía, aunado a que no se determinó a quién se benefició y a donde se realizó la instalación”.
La observación, que es similar a la del ayuntamiento de Mineral de la Reforma y que motivó la aprehensión del exalcalde, es la relacionada con la contratación de servicios técnicos para los cuales el ayuntamiento contaba con la capacidad técnica, material y humana para cumplir o prestar los servicios contratados por un monto total de seis millones 400 mil pesos.
Y es que la exalcaldesa contrató un servicio externo de asesoría para preparar la entrega de la administración; sin embargo, la ASEH considera que se contaba con el personal para llevar a cabo esa tarea.
Este domingo, el auditor superior del estado, Armando Roldán Pimentel, hizo entrega de tercera y última revisión a la Cuenta Pública 2020, en la que informó que de manera global que aún hay pendientes por parte de los ayuntamientos para solventar 296 millones de pesos.
Las principales observaciones son: inadecuada integración y resguardo de expedientes, inconsistencias en registros contables, deficiencias de control interno, inadecuado procedimiento de adquisiciones, falta de documentación comprobatoria, entre otros.
Al comparecer ante la Comisión Inspectora de la ASEH, el auditor superior aclaró que los importes pendientes de solventar no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública del Estado, de los ayuntamientos o al patrimonio de las entidades.
