De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante 2020 el gobierno federal otorgó 9 de cada 10 contratos sin realizar la licitación correspondiente. Además, existen irregularidades por registrarlos en el sistema CompraNet.
En total, de los 54 mil 297 contratos suscritos en 2020, un 88.3% no estuvo sujeto a los procedimientos de licitación que corresponden a la regla general, modelo que es ordenado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones establece que, “por regla general”, las compras, arrendamientos y servicios se deben adjudicar a través de licitaciones públicas, con el objeto de favorecer la competencia y asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad y financiamiento.
La ASF detectó que solo el 11.7% de las contrataciones realizadas fueron convocadas a una licitación pública, lo que representaría solo 1 de cada 10 contratos.
Adicional a esto, dentro de la plataforma CompraNet, el órgano fiscalizador detectó deficiencias en el registro de los contratos suscritos en 2020. El 21.2% de éstas (32 mil 661 contrataciones), presentó al menos una de sus 24 características sin información, ya que hubo discrepancias en más de 18 mil contratos.
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Ante esto la ASF llamó a crear mecanismos que aseguren la confiabilidad de los datos que se encuentran dentro de esta plataforma.
En su informe, la Auditoría señaló que tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cayeron en irregularidades de gasto en su política general de contrataciones.
De igual forma, la falta de procesos de licitación para adquirir insumos médicos durante el año más fuerte de la pandemia generó daños al erario, pues en muchos casos hubo sobreprecios, no se cuenta con evidencia de que el material fuera entregado por los proveedores o bien, las empresa contratadas no cubrían el perfil.
En general, las adjudicaciones sin contratos se han vuelto una constante en la administración actual liderada por López Obrador. Colima, Oaxaca y Michoacán fueron los estados que más contratos otorgaron por adjudicación directa, mientras que Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco son los que más recurrieron a la invitación restringida.
