La construcción del Tren Maya sigue, incluso sin tener los permisos que aseguren que no le está poniendo en toda su selva madre a dicha zona. Esto ha sido tema de discusión desde hace semanas, y en lo que respecta al misterioso tramo número 5, se carece totalmente de la información sobre su impacto ambiental.
Así pues, en un hartazgo donde el gobierno no proporciona los datos sobre la zona que posiblemente está siento dañada, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica demandaron un amparo en contra de la construcción del quinto tramo que atraviesa los estados del sur.
Dicho amparo fue presentado en el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, pues la mega obra avanza sobre un delicado sistema de cuevas, cavernas y cenotes, además está poniendo en riesgo a la flora y fauna alrededor.
La demanda de las organizaciones ambientalistas impugna la “autorización provisional”, emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que toma como base el Acuerdo del 22 de noviembre de 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que declara las obras del Gobierno de México como “de interés público y seguridad nacional”.
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“Con el Acuerdo Presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impacto ambiental, se están violando los derechos a la información, a la participación pública en materia ambiental, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución, y lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”, advirtió Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
De igual forma se le acusa al gobierno de México por haber violado el Acuerdo de Escazú, negando el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como es el cambio en el trazo de la ruta.
