Mañana miércoles a las 16 horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso de las 10 personas acusadas de haber participado en los hechos violentos ocurridos la madrugada del miércoles 27 de abril, cuando presuntamente el grupo disidente de cooperativistas intentó tomar las instalaciones de la cementera Cruz Azul, en Hidalgo.
El juez ha declarado ya la legalidad de la detención de las 10 personas presentadas. La Fiscalía les hizo la imputación por los delitos de los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad en agravio de la empresa cementera y de particulares por los daños ocasionados a vehículos.
Al hacer la imputación, la Fiscalía reseñó cómo los acusados, vecinos del Estado de México, fueron contratados como parte de un grupo de 600 personas para trasladarse a Hidalgo, donde en apariencia les habían ofrecido trabajo para resguardar la cementera, lo que se desprende de entrevistas recabadas por el Ministerio Público a través de entrevistas realizadas a personas que resultaron lesionadas y familiares de las víctimas mortales.
Otros datos que aportaron los oriundos del Estado de México, fueron los nombres del encargado de reclutarlos y de quienes le habrían hecho a su vez el encargo, señalando que se trata personas de la disidencia, de datos reservados.
Asimismo, explicaron que fueron traídos a Hidalgo para realizar tareas de vigilancia y resguardo de instalaciones, en dos grupos, uno que arribó el 26 de abril y otro, la mayoría, que llegó la madrugada del 27 de abril. Y que a su llegada les proporcionaron playeras color rojo y negro para distinguirlos
Dijeron que unos estarían en Hidalgo un mes y otros tres meses, porque la planta se desmantelará y se les pidió vigilarla, y que les prometieron salarios a unos de 1000 pesos y a otros de 500 pesos.
La fiscalía presentó también testimonios de obreros lesionados y de familiares del trabajador que perdió la vida, quienes narraron cómo fueron agredidos por el grupo llegado del Estado de México que vestían camisas rojas y negras, quienes les dispararon, lanzaron piedras, palos e incluso usaron tres trailers para romper la barda y puertas.
Tras conocer de qué se les acusa, los imputados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron al juez les concediera el término de 144 horas para resolver su situación jurídica, el juez determinó que este martes realizaría la audiencia de vinculación a las 13:30 horas, pero hoy ocho de los acusados cambiaron de defensor, por lo que se hizo un receso de 24 horas para que la defensa conozca la carpeta de investigación.
Como medida cautelar a los imputados, se les dictó que deberán permanecer en detención en el Centro de Readaptación Social de Tula, hasta un máximo de dos años.
