Esta tarde, los integrantes del Grupo Legislativo del PRI Citlali Jaramillo Ramírez y Roberto Rico Ruíz, presentaron una Iniciativa con la que se expide la Ley de Juicio Político del Estado de Hidalgo, con el objeto de establecer el procedimiento de responsabilidad política de las personas servidoras públicas precisadas en la Constitución Política del Estado, como un mecanismo de prosecución ante las acciones u omisiones indebidas en que las mismas incurran en el tiempo de su encargo y cuando estas redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Citlali Jaramillo Ramírez puntualizó que los hechos reprobables requieren de mecanismos de exigencia de la responsabilidad de la que dependen y bajo esa magnitud o intensidad se imponga la sanción e, incluso, la decisión de poner en marcha los mecanismos como lo es el juicio político.
También, enfatizó que el ejercicio de la función pública guarda un contexto ético-administrativo en el que se encontrarán sujetas a la prosecución de la conciencia pública, mediante el juicio político, en virtud de haber generado perjuicio a los intereses públicos fundamentales de la nación y de su buen despacho.
A su vez, reiteró que la exigencia sobre el estricto respeto a las obligaciones que derivan del encargo de funcionarios con un alto grado de posibilidad en irrumpir el orden social, deberá apuntar a la aplicación práctica de sanciones, al agotarse el procedimiento político en el que se vislumbre la actualización de responsabilidad.
Por su parte, el diputado Rico Ruiz indicó que actualmente lo que aqueja a la ciudadanía, es esa vulnerabilidad social ante la impunidad y la protección a personas servidoras públicas, lo que conlleva a constituir un factor determinante para la inclusión de leyes y mecanismos que otorguen seguridad jurídica a las y los gobernados.
De igual manera, explicó que, dando un paso a la lucha por la justicia igualitaria, se avanza en el propósito de dotar al Estado de todos los elementos indispensables, para oponer a las desviaciones del quehacer público y a la conducta ilícita de personas servidoras públicas, la majestad de la ley y la fuerza del derecho, cuyo propósito es evitar la inmunidad para las personas servidoras públicas que delinquen.
Finalmente, Rico Ruiz destacó que la ciudadanía exige se implemente una ley en específico para dar el tratamiento a lo que es el Juicio Político en el Estado, como un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones, que han incurrido en arbitrariedad o abuso o exceso de poder.
