Con el objetivo de tipificar y sancionar los delitos informáticos cometidos mediante el uso de internet, computadoras, aplicaciones, software o programas de cómputo y teléfonos inteligentes, para transgredir, violentar o dañar bienes que utilizan personas e instituciones en el desarrollo de sus actividades económicas, empresariales, financieras y de gobierno, diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Hidalgo.
De acuerdo con lo propuesto en esta iniciativa, se contempla aplicar una pena de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa al que dolosamente y sin consentimiento acceda, copie, difunda, intercepte o entregue cualquier tipo de información, registro o archivo informático, contenidos en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, con el fin de interferir, recibir, usar, alterar, dañar o destruir, un soporte, programa o datos de computadora en la base, sistema o red, defraudar, obtener dinero, bienes o información, en prejuicio de otro.
José Antonio Hernández Vera indicó que la presencia de conductas antijurídicas que implican acciones criminales por el uso indebido de las computadoras hace imprescindible la necesidad de su regulación en la legislación penal del Estado de Hidalgo, para crear nuevos tipos que logren sancionar estas figuras delictivas en la Ley.
A su vez, añadió que los delitos informáticos atentan contra la confidencialidad de la información, de los sistemas informáticos, la propiedad intelectual, la integridad e intimidad de las personas, el patrimonio, la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, suplantación de identidad, clonación de tarjetas bancarias, para acoso sexual, falsificación, fraude, robo, todo ello violencia digital que atenta contra la intimidad.
También, destacó que el uso indebido de las Tecnologías de la Comunicación (TIC) incide en la necesidad de su regulación en el catálogo de delitos en el Código Penal en el Estado de Hidalgo, con la finalidad de proveer de las herramientas necesarias en la procuración y administración de la justicia, a fin de promover el cumplimiento de la Ley.