El Pleno del Congreso del estado de Hidalgo aprobó, por unanimidad, el exhorto presentado por la diputada Erika Rodríguez Hernández, dirigido al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para implementar en Hidalgo el programa piloto para la defensa de mujeres y personas indígenas en reclusión, en asuntos de índole local.
La propuesta de Acuerdo Económico fue turnada por la Directiva del Congreso a las Comisiones Conjuntas de Seguridad Ciudadana y Justicia, de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y de Igualdad de Género, en donde, después de analizar el planteamiento realizado por la legisladora priísta, coincidieron en su aprobación.
Erika Rodríguez expresó que es necesario reconocer la labor y el compromiso de sus compañeras y compañeros diputados, que con prontitud y responsabilidad atendieron este exhorto que busca acercar la justicia a mujeres y personas indígenas que, por diversos motivos, no han contado con una sentencia definitiva a sus asuntos y se encuentran recluidos en algún centro penitenciario de la entidad, con escasas posibilidades para obtener una buena defensa.
“El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal anunció 5 medidas para responder a la grave situación que enfrentan las personas en reclusión, entre las que destaca la implementación de un programa piloto para determinar cuál es la situación de mujeres y personas indígenas en procesos locales, a través de defensores y defensoras públicas federales que acudirían en su auxilio en asuntos de índole local”, explicó la legisladora.
También, subrayó que en Hidalgo existe una población privada de la libertad de 4 mil 704 personas, 333 son mujeres y 350 personas pertenecen a algún pueblo originario, de los cuales 15 son mujeres y 317 son hombres. De estas personas indígenas, seis mujeres están procesadas y ocho sentenciadas por delitos del fuero común y únicamente una mujer por un delito del fuero federal.
Por ello, concluyó que el exhorto no tiene otra finalidad más que la de contar con la ayuda de personas especializadas en el tema, que puedan aportar mayores y mejores elementos para la defensa de los casos que así lo ameriten.