Una persona sorda interpuso un juicio de amparo en contra de actos del delegado estatal de Programas para el Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno, así como contra el director general de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, ambos del Estado de Hidalgo, debido a que se le negó el apoyo económico que otorga el gobierno federal a las personas con discapacidad.
Con base en el expediente 93/2020 que puede ser consultado en los listados del Consejo de la Judicatura Federal, una persona con limitación auditiva solicitó el apoyo al que tiene derecho que con base en las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, pero le fue negado, a pesar de cubrir los requisitos para recibirla.
A decir del acuerdo, se busca apoyar a las personas con discapacidad en materia económica, así como por las condiciones materiales y sociales que pueden limitar su desarrollo integral, el disfrute y la realización de los derechos y libertades fundamentales.
El juez federal consideró que no se debe postergar más el trámite del juicio de amparo, sobre todo porque las reglas del programa social reconocen como uno de sus objetivos a paliar las condiciones de escasos ingresos económicos y limitado acceso a los sistemas de protección social y de salud que enfrentan las personas con discapacidad.
En consecuencia, ordenó a la Delegación del Bienestar que otorgue el apoyo solicitado por la persona quejosa y otorgó la protección de derechos de forma provisional, para efectos de que actúen en el ámbito de su competencia, y en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva, realicen, de manera inmediata, las gestiones que sean necesarias para que se entreguen a la quejosa, los apoyos económicos de dicho programa social, debido a que se ubica en el supuesto de beneficiaria por tener una limitación en su capacidad auditiva.
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