El portal de Safe Shopping ha reportado el rechazo generalizado al impuesto de 2% a los pedidos por aplicación que estableció Claudia Sheinbaum, Jefa del Gobierno de la Ciudad de México.
Un rechazo que sumó a repartidores de aplicaciones, empresas, restaurantes y también a la oposición en el Congreso de la Ciudad liderado por el PAN.
El impuesto fue cuestionado por su dudosa constitucionalidad.
También, por su afán recaudatorio y discriminatorio y porque castigaba a la economía digital y la innovación en la ciudad.
No olvidamos que ese impuesto solo castigaba a aplicaciones de reparto y no a la actividad de reparto que realizan otras empresas.
Por ejemplo, empresas trasnacionales con servicio de delivery como Domino’s Pizza no tenían que pagar este impuesto, pero sí se generaba para pedidos de pequeños restaurantes que usaban apps como Rappi o UberEats.
Sin embargo, el impuesto finalmente fue aprobado por el Congreso.
En seguimiento a esta aprobación, el diputado Aníbal Cañez del PAN acaba de solicitar información sobre los ingresos que ha recibido la Ciudad de México a partir de su entrada en vigor.
Impuesto al delivery.
¡Tremenda sorpresa se va a llevar!
Pues según hemos averiguado desde Safe Shopping, los tribunales concedieron amparos a todas las empresas de reparto por aplicación al considerar que ese impuesto es inconstitucional y discriminatorio.
Así es: la recaudación hasta ahora es de cero pesos con cero centavos.
Para el paquete fiscal de 2023, los expertos esperan que el tributo se elimine para no generar mayores afectaciones a la economía digital.
Académicos como Victor Carreón Rodríguez, Investigador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del CIDE, se han manifestado y explicado los impactos de la medida fiscal que el gobierno de la CDMX pretende imponer.
Destaca que, de acuerdo con Carreón Rodríguez, de haberse implementado el impuesto del 2% a las plataformas digitales, el SAT de Raquel Buenrostro, saldría perdiendo a todas luces, pues por cada peso que recaude la CDMX, el SAT perdería 1.4 pesos.
En su momento, organismos como el propio IFT también salieron al quite.
Esto para defender a los repartidores de este abuso.
A este se unieron la Asociación de Internet MX (AIMX), la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Fintech de México, entre otras.
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