El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Ochoa, presentó la iniciativa de decreto a la Ley General de Responsabilidad Administrativas para que se considere si en las faltas graves de recursos públicos no comprobados coexistió una red de participación y complicidad de dos o más funcionarios públicos.
Lo anterior, ante la red de corrupción detectada en Hidalgo que involucra al menos a 13 ayuntamientos en el desvío de más de 520 millones de pesos del presupuesto estatal.
El legislador federal mencionó el caso del municipio de Nopala, donde el presidente municipal, Luis Enrique Cadena García, recibió de manera extraordinaria 71 millones de pesos en una cuenta especial y no reconocida por el cabildo, para la contratación de obras y servicios.
“Sin embargo, los recursos no fueron destinados para dichas acciones y hasta el momento no han podido comprobar el uso lícito de los recursos”, dijo.
Otro ejemplo vergonzoso, refirió, es el caso del municipio de Yahualica, uno de los más pobres del estado, “pero a cuyo presidente municipal le autorizaron, de manera extraordinaria, 15 millones de pesos para desarrollar un chat, que le ayudaría a comunicarse mejor. No es broma, 15 millones para desarrollar un chat”.
Expresó en la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, que esos son solo dos ejemplos del actuar de esta red de corrupción denominada “Estafa Siniestra”, que de manera organizada y coordinada por el anterior titular de la Secretaría de Controlaría, César Mora, autorizó recursos millonarios para supuestas obras y acciones que fueron malversados en lugar de servir para la atención de las necesidades del pueblo.
El legislador por Tula explicó que existen denuncias sobre el “modus operandi”, de la Secretaría de Contraloría, que encabezó César Mora, el cual tenía despachos de contadores afines, que eran contratados para auditar a otras dependencias y organismos.
Cuauhtémoc Ochoa aseguró que no puede ser omiso ante tal escándalo e injusticia que lacera al pueblo de Hidalgo.
Dicha iniciativa, que adiciona una fracción séptima al artículo 80 de la Ley General de Responsabilidad Administrativas, busca fortalecer el andamiaje normativo y así coadyuvar con las instancias investigadoras para que puedan avanzar con sus indagatorias y sanciones.
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