La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación, para que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo active el Protocolo de protección para defensores ambientales de Atitalaquia, que la Contraloría realice una investigación al ex titular de la Semarnath y que el Congreso investigue si el Ayuntamiento incurrió en responsabilidad.
Lo anterior respecto a la aprobación y puesta en marcha del proyecto para el manejo de residuos sólidos en las instalaciones ubicadas en la comunidad Bojay, debido a que se acreditó la violación de derechos humanos.
La titular de la Visitaduría General, Briseida Martínez Rosales, emitió la recomendación con folio R-VdRO-0004-22, por una queja iniciada en febrero de 2022 en contra del alcalde de Atitalaquia, Agustín Hernández Olguín; la síndica procuradora, Viridiana Cerón Solís; seis regidores y el ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Said Javier Estrella García.
Se informó que la Comisión dio inicio al expediente CDHEH-Vd-RO-0032-22 y tras las indagatorias recomendó a la contraloría estatal iniciar un procedimiento
administrativo al entonces titular de Semarnath y sus colaboradores
para determinar si incurrieron en alguna
responsabilidad por el caso y, de ser así, que se le imponga la sanción correspondiente, además de que al órgano interno de la Semarnath le pidió
realizar una indagatoria en torno a los demás funcionarios de la dependencia involucrados.
A la Procuraduría le recomendó integrar la carpeta de investigación del Número Único de Caso (NUC) 16-TLAX-2022-00464, en la que se investiga el homicidio del activista J.B.A., y también le solicitó al encargado de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, dictar medidas de protección a los testigos del caso.
Además, la CDHEH recomendó crear en un plazo no mayor a seis meses un Protocolo de protección para defensores ambientales, para generar condiciones seguras para desempeñar su labor y evitar hechos violentos como los
que derivaron en la muerte del activista.
Y al Congreso de Hidalgo le recomendó iniciar una investigación contra el Ayuntamiento para determinar si incurrieron en responsabilidades, derivado de que en sesión extraordinaria de cabildo otorgaron la concesión de la basura a favor de la empresa Esmex Hidalgo S. de R.L. de C.V., quien operaba el Centro Regional de Desechos Sólidos, Urbanos y de Manejo Especial en Atitalaquia.
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